El artículo 69 de la
Constitución Política de Colombia establece la garantía de la autonomía
universitaria. Con base en ella, las universidades pueden seleccionar sus
directivas y regirse por sus propios estatutos.
Este derecho de las Instituciones de Educación Superior (IES) busca
garantizar su independencia a influencias externas para que logren alcanzar sus
objetivos misionales relacionados con los derechos fundamentales a la educación,
enseñanza, aprendizaje y la libertad de cátedra.
No obstante lo anterior,
cuando las IES se utilizan con otras finalidades, la autonomía universitaria se
convierte en un infranqueable escudo que dificulta las labores de inspección y
vigilancia de esta clase instituciones y permite que sus directivos se
conviertan en todopoderosos señores que no tiene otro límite que su capricho.
El ejemplo más reciente de lo
anterior es la situación que atraviesa la Universidad Autónoma del Caribe
(Uniautónoma). ( Con ésta Universidad estuve vinculado un poco más de tres
años y termine mi vinculación en noviembre de 2016 por los continuos
incumplimientos en los pagos de los salarios y aportes a la seguridad social).
Uniautónoma es una importante Universidad del Caribe con medio siglo de vida
que hace un lustro tuvo públicos inconvenientes por las acusaciones sobre su
rectora, quien terminó condenada por el delito de soborno y en la actualidad es
sujeto procesal de otras actuaciones penales, por los cuales responde desde su
modesto hogar, tal cual se volvió costumbre para los delincuentes en Colombia.
En su reemplazo fue designado el abogado Ramses Vargás quien renunció el día de
ayer en medio de una gran polémica que se vive en el centro educativo por sus
actuaciones como máximo responsable de la Universidad desde 2013. W Radio ha
reemplazado con lujo de detalles en el último semestre a la Fiscalía General de
la Nación y el Ministerio de Educación y con un esmero digno de la mejor causa
ha logrado poner al descubierto una serie de actuaciones y situaciones que
generan más certezas que inquietudes. Sera la Fiscalía quien tendrá la última
palabra deseando que esta vez realicen un curso previo de imputación de cargos
para evitar que el juez de garantías deje en libertad a sus acusados, como se volvió
costumbre desde hace un año. Dejando de
lado el tema penal y los garantistas procesos del Ministerio de Educación, es
precios referirse a la manera como la Uniautónoma después de una reforma
estatutaria realizada en el año 2016 pasó a ser de facto propiedad de una sola
persona.
Uniautónoma es una Corporación
que se rige por sus propios estatutos.
Sus órganos de dirección son la Sala General y el Consejo
Directivo. Desde finales del año 2015
comenzó a estructurarse por el rector y sus asesores una reforma a los
estatutos de la Corporación con la finalidad de ajustar los mismos a las
necesidades de la acreditación institucional buscada por todas las
Universidades del país. Después de varios requerimientos del Ministerio por
correcciones de la reforma presentada, ésta fue aprobada por el Viceministro de
Educación Nacional mediante la Resolución 16835 del 19 de agosto de 2016.
Entre las reformas realizadas
se destacan la significativa disminución en la calidad de los requisitos para
ser rector de la institución, el aumento de su periodo a diez años y la posibilidad
de reelección indefinida. De la misma manera se redujeron al mínimo los requisitos para ser miembro de la Sala
General y del Consejo Directivo. De esta forma, la Sala General paso a quedar
integrada por dos clases de miembros: activos y honorarios: los primeros con
derecho a voz y voto y los segundos solo con derecho de voz. El periodo de los
miembros activos es indefinido, lo cual quiere decir que solo pierden su
calidad por su fallecimiento mientras que los miembros honorarios tienen un
periodo de 3 años que puede prorrogarse indefinidamente. El Consejo Directivo
de la Universidad está integrado por los miembros activos de la corporación,
más tres representantes de la Sala General que no pueden ser otros que los
miembros honorarios, a los cuales e
agregan un represente de estudiantes y otro de profesores. ( Para asegurar
unanimidad total, coincidió que como representante de los estudiantes fue
elegida una funcionaria de la entidad que estudiaba al mismo tiempo una carrera
de pregrado)}
La elección de miembros de la
corporación se realiza por cooptación. Con la reforma estatutaria aprobada y
con la posibilidad de elegir miembros activos de la corporación que tendrían como
duración en el máximo órgano de decisión de la Universidad el resto de su vida,
el 16 de Octubre de 2016 ingresaron en esa calidad a la sala general: Orlando
Abello, Director del Centro de Conciliación, María Cristina Vargas, prima del
rector y Directora del Programa de Derecho, María Helena Hernández, esposa del
rector, Electo Rivera, funcionario de la Universidad y amigo del rector,
Winston Vergara, amigo del rector, Alvaro Vargas Osorio, tío del Rector, Pedro
Sierra, Vicerrector Administrativo, escudero del Rector, Sonia Lamadrid, madre
del Rector. A ellos se unió un par de meses después Patricia Pinilla,
funcionaria de la administración Guette que continuó prestando sus buenos
oficios en la administración. Vargas. Ellos se unieron al señor Ramses Vargas,
Sandra Devia y Efraín Maldonado, quienes desde 2013 alumbraban con su
integridad a la Sala General. Aparte de los anteriores, cuatro miembros
fundadores continuaban ejerciendo sus funciones. Por tanto, es claro que el Rector con la
reforma realizada y la constitución de la categoría de miembros
activos vitalicios de la fundación se quedó con el control absoluto de la
entidad al tener injerencia directa sobre 12 de los 17 miembros de la corporación.
Con papi, mami, tío, esposa y
amigos de miembros vitalicios de la máxima instancia de decisión de la
Universidad Autónoma del Caribe el poder en cabeza del rector se concentró de
una forma que envidiaría el propio Nicolás Maduro. Sin embargo, para evitar la
incomodidad de solicitar la autorización de la Sala General para la realización
de actos y contratos, se estableció que la misma era necesaria únicamente para
negocios que superaran los 1.455 salarios mínimos legales mensuales (Una suma
superior a los 1.100 millones de pesos de hoy). Eso explica la razón por la
cual las últimas ventas cuestionadas ni siquiera tienen aprobación de los
órganos de dirección de la Universidad.
El señor Vargas renunció el 1
de marzo de 2018 a su cargo como rector de la Universidad Autónoma del Caribe
pero no a su calidad de miembro activo de la corporación. Debido a la
influencia que tiene sobre los familiares y amigos que vinculó como miembros
activos y de facto vitalicios en la corporación es hoy quien ejerce el poder
sobre las decisiones que se adopten en este centro educativo. El ingreso de dos
nuevas personas a la corporación en calidad de miembros activos y la elección
de Victor Armenta como Rector no pudieron realizarse sin el consentimiento del
propietario de los votos vitalicios de la máxima instancia de gobierno de la
Universidad Autónoma del Caribe.
El nuevo Rector si bien deberá
acatar las directrices del Ministerio de Educación no está sujeto a
investigación alguna. La demora del Ministerio en el inicio de sus
investigaciones permitió que se realizara este enroque que solo tiene como
objetivo entorpecer las actuaciones de las autoridades.
Pareciera que la anunciada
refundación con la cual se publicitó toda la gestión de Vargas en los últimos 5
años consistió en valerse de la autonomía universitaria para diseñar una
institución que solo respondiera a sus órdenes. Fue tan exitoso el diseño realizado por el refundador
que si el Ministerio de Educación no hace uso de las facultades que le concede la ley, su influencia perdurará
en la Autónoma por los siglos de los siglos. Como todo un faraón.
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