Comienzan los debates
presidenciales con propuestas sobre diferentes aspectos de la vida colombiana. Sergio Fajardo ha planteado como su eje más
importante la educación y sin lugar a dudas un cambio de políticas en esa
materia permitiría pensar en un país con menor desigualdad que el actual.
Siendo válidas las discusiones
sobre esos y otros temas, es necesario que los candidatos dejen de lado la
diplomacia y comprendan que en muchos aspectos aunque formalmente existe una
dependencia pública que regula determinadas actividades en la práctica su
operatividad es nula y los ciudadanos nos encontramos en medio de una selva en
que no existen normas ni quien las haga cumplir. Uno de los mejores ejemplos de
lo anterior son algunas instituciones de educación superior (IES) que bajo el
amparo de la autonomía universitaria se convierten en repúblicas independientes
en las cuales sus autoridades (propietarios en realidad) hacen lo que desean
sin tener el más mínimo rubor en incumplir las normas legales. En la
actualidad, el caso de la Universidad Autónoma del Caribe demuestra esta
afirmación.
Hace un lustro la Universidad
se encontraba en una importante crisis por el proceso penal que se adelantó
contra su anterior rectora que terminó con sentencias condenatoria en su
contra. Los miembros de la Sala General (máximo órgano de administración de la
Universidad) no mostraron ningún reparo
en continuar en sus cargos debido a que fueron asaltados en su buena fe por las
actuaciones de la rectora. De esta manera pasaron de ser compadres a convertirse
en testigos ante la justicia de sus acciones. Jamás consideraron que haber
permanecido una década avalando todas las actuaciones de la administradora en
desgracia tendría consecuencia alguna sobre ellos. Cinco años después, luego
del paso de Ramses Vargas por la rectoría de la Universidad, en la cual
despareció todo el patrimonio de la entidad, vuelven a tener la misma actitud. Nuevamente
fueron engañados en su buena fe. Y tal como hace un lustro, quieren dar vuelta
a la página y seguir como si nada hubiera pasado.
Sin embargo, algunos de los
hechos ocurridos durante el último lustro hacen considerar que lejos de ser espectadores,
algunos de los impolutos miembros de la Sala General que hoy se niegan a
retirarse de sus cargos con la complacencia del Ministerio de Educación
Nacional fueron protagonistas principales
de los mismos.
El 5 de Octubre de 2011 la
Universidad Autónoma del Caribe mediante la escritura pública 1752 de la
Notaria Novena de Barranquilla logró englobar un lote de más de 35 hectáreas
sobre la vía a Cartagena que se denominó el Genovés. Mediante la Licencia
Urbanística 617 de 2012 se autorizaron la construcción de un campus
universitario en dicha área de terreno. La idea de trasladar la Universidad allí
era visionaria debido a la ubicación del predio y a la posibilidad de
ampliación del campus, situación que hubiera impactado de manera positiva a la
entidad, además de ponerla a la vanguardia de las instituciones educativas del
Caribe colombiano.
Dicho proyecto no se concretó
y mediante la escritura 349 del 15 de marzo de 2013 de la Notaria Once de
Barranquilla, la Universidad procedió a dividir el lote de su propiedad. De tal
división resultaron dos lotes: El lote uno de 196.574,04 metros cuadrados y el
lote dos de 149.741,02 metros cuadrados. No habiendo pasado quince días de
realizar la división, la Universidad resolvió enajenar el lote dos, ( el más
valioso por su ubicación y potencial de desarrollo) y mediante la escritura
pública número 708 del 28 de mayo de 2013 transfirió su propiedad al
Fideicomiso El Genoves por valor de $7.838.324.000. Se vendió una propiedad en
la zona de mayor valorización de la ciudad a cómodos $52.345 metro cuadrado. Al
parecer el asunto de que la Universidad no tiene ánimo de lucro fue tomado
bastante en serio por quienes representaron a la Universidad en dicha
negociación. Quien suscribió ese contrato de enajenación de ese activo fue el
señor Mariano Romero Ochoa , actual Vicerrector del Medio Universitario, previamente
autorizado por la Sala General de la Universidad de acuerdo a las actas 173 de
marzo 30 de 2012 y ratificada en acta 180 de marzo de 2013 por los integrantes
de la Sala, entre otros, señores Ramses Vargas, Mariano Romero, Paul García y
Tamid Turbay.
El 29 de diciembre de 2014 mediante la escritura pública 1876 de la
Notaria Once de Barranquilla, el señor Ramses Vargas previa autorización de la
Sala General enajenaría el lote uno por un valor de $4.000.000.000 al
Fideicomiso Alto Genovés como beneficio en fiducia mercantil- El 27 de octubre
del año 2017 dicho inmueble volvería al patrimonio de la Universidad como restitución de aporte de
beneficio de acuerdo a la escritura pública número 3426 del 27 de octubre de
2017. Menos de un mes después, la Universidad volvería a enajenar este
inmueble, esta vez, al Fideicomiso Oportunidades Inmobiliarias por un valor de
$1.022.316.000. El mismo inmueble que fue enajenado por 4.000 milones en 2014
fue transferido tres años después por el 25% de su valor, una cifra apenas
superior a 1.000 millones de pesos.
El pasado 21 de diciembre de 2017 cuando comenzaba a
acentuarse la crisis de la Universidad, la Sala General y el Consejo Directivo
de la Universidad ( que salvo los representantes de estudiantes y profesores en
el Consejo Directivo tienen los mismos integrantes) respaldaba de manera
unánime la gestión del rector Ramses Vargas según publica la página web de la
Universidad en dicha fecha. En esa fecha se nombraba a la señora Sandra Devia
como presidenta de la Sala General de la institución. El comunicado de prensa
que anunciaba su nombramiento indicaba: “Dentro de
los motivos de la Sala General para escoger a Devia, están su exitoso desempeño
profesional, tanto en el sector público como en el privado. Además del
acompañamiento que ha realizado, desde los inicios, a la administración del
rector Ramsés Vargas Lamadrid en la institución. Devia es egresada de la
Universidad Autónoma del Caribe. Actualmente es la directora ejecutiva de la
Asociación de Instituciones de Educación Superior de la Costa Caribe (Asiesca).
La Sala la describió como una “persona leal, de confianza, una trabajadora
comprometida con la institución y al servicio de ella”. (tomado de https://www.uac.edu.co/noticias-generales/item/3187-sandra-devia-fue-nombrada-como-la-nueva-presidenta-de-la-sala-general-de-la-universidad-autonoma-del-caribe.html).
Faltaba
indicar en dicho comunicado que además de todas las virtudes teologales de la
nueva presidenta de la Sala General, la misma también era contratista de la
Universidad, tal como se demuestra con el contrato OJ-076- del 28 de marzo de
2016, mediante el cual se contrata al CONSORCIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES SAS
con NIT 800.211-293-0 por $300.000.000. La señora Devia Camacho es la
representante legal de tal sociedad, situación por la cual en la época que
firmó y ejecutó ese contrato tuvo la doble condición de contratista y miembro
de la Sala General y el Consejo Directivo de la Universidad. Y nadie podía
decir nada porque para eso existe la autonomía universitaria.[1]
La
veracidad de la anterior información puede verificarse observando los folios de
matrícula inmobiliaria de los inmuebles en cuestión (040-476402,040-491992 y
040-491993) y las respectivas escrituras públicas. Es una tarea de horas y en
el peor de los casos de pocos días. Incluso sobre el lote 2, aquel cuya
escritura firmó el actual Vicerrector del Medio Universitario la Fiscalía
General de la Nación el 1 de diciembre de 2016 oficio para que se registrara la
prohibición de enajenación. Dicha orden fue revocada con inusual velocidad el
22 de febrero de 2017.
Lo
anterior simplemente para verificar que tanto la Fiscalía General de la Nación
como el Ministerio de Educación Nacional tienen en su poder los documentos y
las pruebas para actuar en el caso de la Universidad Autónoma del Caribe y
sorprende que ante hechos tan evidentes como enajenaciones de inmuebles por
valores irrisorios que no admiten mayor análisis no tomen ninguna decisión.
Parecieran estar esperando que quienes participaron en las actividades que
dieron como resultado la actual crisis de la Universidad se insolventaran y
tercerizaran los frutos de sus “hazañas” para llamarlos a responder. ¿Será que
pasara lo mismo que con Palacino de Saludcoop que ya cuando fue capturado por
las autoridades lo único que tiene para responder por sus acciones es la ropa que
tenía puesta el día de la detención.?
A
todas estas, a los miembros de la Sala General de la Universidad Autónoma del
Caribe no les pasa por la cabeza que la recuperación moral y económica de la
Universidad depende de su retiro. Algunos de ellos nombrados por su cercanía
con el anterior rector y sin ningún antecedente para tener esa dignidad se
niegan a retirarse de sus cargos mientras que los más antiguos entienden que el
problema no es con ellos y simplemente esperan que se calmen las aguas para
seguir de manera vitalicia rigiendo los destinos de la entidad. Con la
excepción de Orlando Abello quien renunció a todos los cargos en la Universidad
y denunció penalmente al Secretario adulterador (él mismo que invitaba
diariamente a actos religiosos a todos los miembros de la comunidad universitaria)
nadie parece tener la intención de retirarse de su cargo. El Ministerio de
Educación con base en las facultades que le confiere la ley 1740 de 2014 podría
suspender a algunos de los miembros de la Corporación sobre los cuales tiene
abundante material probatorio sobre sus comportamientos irregulares. Sin
embargo, en la medida en que el tema desapareció de los medios de comunicación
las acciones del Ministerio brillan por su ausencia y su papel de notario no
colabora en nada a restablecer la confianza de los estudiantes, empleados y
padres de familia.
A
algunos amigos que todavía continúan en la Universidad como docentes quieren
cargarles la responsabilidad por el futuro de la entidad. Lejos de que les
deban meses de salario se les dice que deben seguir dando clase para salvarla.
Muchos están dispuestos a hacerlo, pero dicho sacrificio tiene que tener como
contraprestación que aquellos que por complicidad o ineptitud consintieron el
saqueo del faraón se retiren de la Universidad. No puede cambiar todo para que
toda siga igual. El Ministerio de Educación Nacional y la Fiscalía no acaban de
enterarse de estos temas. Su accionar debía responder a la expectativa que
miles de familias tienen de continuar con la educación universitaria de sus
hijos por la cual pagaron. El estado vegetativo en que están quedando las
investigaciones de las autoridades competentes demuestran de hecho que nos
encontramos ante un estado fallido que no hace respetar los derechos de los
ciudadanos. Ojalá pronto nos demuestren que estamos equivocados.
[1]
Información tomada de la página 59 del Infome de Visita Administrativa del Ministerio de Educación Nacional a la
Universidad Autónoma del Caribe de Enero 30 de 2018.
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